Las grandes crisis de una sociedad no solo se miden por su gravedad inmediata, sino por la capacidad de sus instituciones para responder con justicia, eficacia y humanidad. Para Juan Pablo Estrada Michel, académico de la Escuela Libre de Derecho y abogado litigante, temas como las desapariciones, la desigualdad o la desconfianza ciudadana frente a las instituciones obligan a repensar el papel del derecho en la vida pública.
Desde una mirada vinculada al derecho constitucional, los derechos fundamentales y el juicio de amparo, Estrada Michel sostiene que el derecho no puede permanecer distante de los problemas que afectan de manera directa a las personas. Su función no se agota en ordenar normas ni en producir procedimientos; también debe ofrecer caminos institucionales para atender el sufrimiento, reparar daños y evitar que la desesperanza se vuelva una forma de resignación social.
La distancia entre el lenguaje jurídico y la vida cotidiana
Uno de los grandes riesgos actuales está en la distancia entre el lenguaje jurídico y la experiencia cotidiana de las personas. Mientras el derecho habla de procedimientos, competencias, plazos o recursos, la ciudadanía suele vivir los problemas desde la urgencia, el dolor y la necesidad de respuestas. Esa brecha, cuando no se atiende, debilita la confianza pública y alimenta la percepción de que las instituciones no funcionan.
La desaparición de personas representa uno de los puntos más dolorosos de esa discusión. No se trata únicamente de un problema de seguridad o de procuración de justicia; también es un desafío constitucional, institucional y humano. Frente a cada caso, el Estado está obligado a responder, investigar, proteger y acompañar.
Su aproximación no parte de la estridencia ni de la condena fácil: reconocer la complejidad del problema, pero sin permitir que esa complejidad se convierta en excusa para la inacción. Las instituciones pueden ser imperfectas porque son construcciones humanas, pero precisamente por eso deben revisarse, corregirse y fortalecerse.
Una función pedagógica
Los derechos fundamentales no son una categoría abstracta reservada a especialistas. Son el lenguaje mediante el cual una sociedad reconoce la dignidad de las personas y establece límites frente al poder. Por eso, el derecho debe recuperar una función pedagógica en la conversación pública: explicar mejor los problemas jurídicos no significa simplificarlos en exceso, sino hacerlos comprensibles para que la ciudadanía pueda exigir, participar y entender qué está en juego.
El derecho no resuelve por sí solo todos los problemas sociales, pero sin derecho difícilmente puede construirse una respuesta ordenada, justa y duradera.
Frente a ese panorama, Estrada Michel propone una visión realista, pero no derrotista. El valor del derecho está en ofrecer principios, procedimientos y límites; pero también en recordar que detrás de cada expediente hay vidas concretas. Cuando una sociedad enfrenta sus heridas más profundas, la pregunta no es solo qué dicen sus leyes, sino si esas leyes son capaces de proteger, acompañar y hacer justicia.